La Comisión Europea ha abierto expediente a España por retrasos a la hora de transponer las modificaciones de la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales y por haber adaptado de forma incompleta la aplicación de otras medidas introducidas por el reglamento sobre transferencia de fondos.
El Gobierno tiene ahora dos meses para responder a esta carta de emplazamiento pero, si la Comisión considera que sus explicaciones son insuficientes podrá decidir elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Junto a España, la Comisión también ha expedientado a Bélgica, Polonia y Portugal por no haber transpuesto a tiempo las modificaciones de la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales introducidas por el Reglamento sobre transferencia de fondos y por no haber notificado a Bruselas las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del reglamento.
Esta norma sobre transferencia de fondos sustituye y amplía el ámbito de aplicación del anterior reglamento sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos y modifica la directiva contra el blanqueo de capitales.
El objetivo de esta reforma es introducir nuevos requisitos para prevenir mejor el blanqueo de capitales mediante el uso indebido de criptoactivos.
