El Tribunal Constitucional aún no ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2021 contra las modificaciones del Impuesto sobre el Patrimonio, que incluyeron su carácter permanente y el aumento del tipo máximo al 3,5%. Esta demora genera incertidumbre entre los contribuyentes afectados.

El fallo pendiente podría tener implicaciones fiscales significativas, ya que las liquidaciones de los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024 están en entredicho. Si se declara la inconstitucionalidad del impuesto, la Agencia Tributaria podría verse obligada a devolver hasta 6.500 millones de euros a los contribuyentes.

Mientras tanto, los contribuyentes deben seguir presentando y abonando el impuesto para evitar sanciones, aunque pueden impugnar las liquidaciones para preservar sus derechos en caso de un fallo favorable.

Este escenario ha generado preocupación entre las grandes fortunas y sus asesores fiscales, quienes deben equilibrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la posibilidad de futuras devoluciones.