Este lunes entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, una ambiciosa reforma que reconfigura profundamente la organización judicial en España. La norma, aprobada en enero, establece la creación de los Tribunales de Instancia, la transformación de los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia municipales y la especialización de secciones judiciales en violencia sobre la mujer y contra la infancia y adolescencia.

Los Tribunales de Instancia, que sustituyen a los tradicionales Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, estarán compuestos por secciones especializadas en materias civiles, penales y de violencia de género, entre otras. Cada tribunal contará con una presidencia y podrá incluir presidencias de sección cuando se superen ciertos umbrales de plazas judiciales. Además, se establece el Tribunal Central de Instancia en Madrid, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Las Oficinas de Justicia en los municipios reemplazan a los Juzgados de Paz, ofreciendo servicios judiciales más accesibles y adaptados a las necesidades locales. Estas oficinas estarán equipadas con recursos adecuados y personal capacitado para atender a la ciudadanía de manera eficiente.

La ley también introduce secciones especializadas en violencia sobre la mujer y en violencia contra la infancia y adolescencia, con competencias específicas para instruir y enjuiciar delitos relacionados con estas materias. Se amplían los supuestos de conformidad, se regula una audiencia preliminar anterior al juicio oral y se promueve la justicia restaurativa.

Desde el Ministerio de Justicia, se destaca que esta reforma busca modernizar y agilizar el sistema judicial, mejorando la eficiencia y la calidad del servicio público de justicia. Sin embargo, asociaciones judiciales y fiscales han expresado su preocupación por la implementación de estos cambios, especialmente en lo que respecta a la independencia judicial y la carga de trabajo adicional que podría generar.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 marca un hito en la evolución del sistema judicial español, con el objetivo de adaptarse a las demandas sociales y garantizar una justicia más cercana, especializada y eficiente.