Una reciente resolución de la Dirección General de Tributos ha generado controversia al establecer que, en casos de extinción de condominio durante procesos de divorcio o herencia, se deben considerar dos operaciones fiscales distintas: la propia extinción del condominio y el exceso de adjudicación. Ambas operaciones estarían sujetas al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), lo que implica una doble tributación para los contribuyentes afectados.

Tradicionalmente, la extinción de condominio —situación en la que un bien indivisible, como una vivienda, se adjudica a uno de los copropietarios compensando al resto en metálico— tributaba únicamente por AJD. Sin embargo, con este nuevo criterio, la Agencia Tributaria considera que el exceso de adjudicación constituye una operación independiente que también debe tributar por AJD, aumentando así la carga fiscal para los ciudadanos involucrados en procesos de separación o sucesión.

Este cambio ha sido criticado por diversos expertos legales, quienes argumentan que el exceso de adjudicación no debería tratarse como una operación autónoma, ya que es una consecuencia directa de la división patrimonial. Además, señalan que esta interpretación podría contradecir sentencias anteriores del Tribunal Supremo que establecen que, en casos de extinción de condominio, la base imponible del AJD debe ser proporcional a la parte del bien que se adquiere ex novo, y no al valor total del inmueble.

Ante esta situación, los contribuyentes tienen dos opciones: aceptar el criterio de Hacienda y tributar doblemente, con la posibilidad de solicitar posteriormente la devolución de ingresos indebidos; o bien, tributar solo por la extinción de condominio y, en caso de que la Agencia Tributaria imponga una liquidación adicional por el exceso de adjudicación, recurrirla judicialmente. Los expertos consideran que las posibilidades de éxito en los tribunales son elevadas, dado que este nuevo criterio podría no resistir el examen judicial.

Este debate fiscal afecta a numerosos ciudadanos que, en procesos de divorcio o herencia, buscan una distribución equitativa de bienes indivisibles, como viviendas, y se enfrentan ahora a una posible doble imposición que incrementa significativamente sus obligaciones tributarias.