España enfrenta su primera ola de calor del verano desde el sábado, un fenómeno temprano que impacta especialmente a trabajadores al aire libre y en espacios no climatizados. Desde mayo de 2023, la ley establece medidas mínimas de seguridad laboral ante fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas. Los planes de prevención de riesgos laborales deben considerar el tipo de tarea, condiciones personales y avisos meteorológicos oficiales, especialmente los niveles naranja y rojo que suelen situarse entre los 37 y 44 grados.

Aunque no se prohíben actividades específicas, sí se permite prohibir labores en ciertas horas si no se garantizan condiciones seguras. Los trabajadores pueden cesar su actividad si existe un riesgo grave e inminente para su salud, y los representantes laborales pueden paralizar actividades cuando el empleador no actúe. Las empresas que incumplan estas obligaciones pueden enfrentarse a sanciones de hasta 983.736 euros. La Inspección de Trabajo ha intensificado desde junio su vigilancia y ha enviado más de 112.000 comunicaciones preventivas a sectores vulnerables como agricultura, construcción y hostelería, para asegurar el cumplimiento de la normativa frente al estrés térmico.