La digitalización del mundo jurídico entra en una nueva fase marcada por la incorporación de tecnologías avanzadas, según expertos de Minsait, la compañía de Indra Group especializada en transformación digital, quienes sostienen que este proceso debe abordarse de manera estratégica y responsable.

Bajo esta premisa, la manager de Estrategia de IA en Minsait, Leticia Gómez, ha apostado por el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema judicial, pero ha advertido de que esa integración «debe basarse siempre en criterios éticos, aportar trazabilidad y tener supervisión humana para evitar comprometer los derechos fundamentales».

«La Administración de Justicia es un terreno fértil para la IA, porque trabaja con grandes volúmenes de información desestructurada, conversaciones, correos electrónicos, grabaciones y documentos escaneados, y ahí la IA generativa ofrece una ventaja diferencial: puede organizar, clasificar y extraer evidencias preliminares en cuestión de segundos», ha señalado Gómez en declaraciones a Europa Press.

La apuesta tecnológica llega en un momento en el que los juzgados afrontan una elevada carga de trabajo y plazos de resolución prolongados en determinadas jurisdicciones. En este contexto, la automatización de tareas repetitivas -como la indexación documental, la búsqueda jurisprudencial avanzada o la detección de incoherencias procesales- podría liberar recursos y permitir a jueces y letrados centrarse en la labor interpretativa.

Tal y como ha señalado la compañía, el equilibrio entre innovación y eficiencia es determinante en un contexto donde conviven riesgos y oportunidades y, por ello, Gómez ha advertido de los límites, «Un sistema completamente autónomo que decidiera sobre la libertad o la vida de una persona, vulneraría derechos humanos fundamentales como la presunción de inocencia o el derecho a la defensa». Según ha precisado, «casos así no solo serían éticamente cuestionables, sino que «estarían prohibidos».

La referencia normativa apunta al marco europeo de regulación de la IA, que clasifica como de «alto riesgo» aquellos sistemas que puedan afectar a derechos fundamentales y exige garantías de trazabilidad, auditoría y control humano significativo.

LA IA COMO COPILOTO DEL NUEVO PROFESIONAL JURÍDICO

El modelo que se perfila no es el de una Justicia automatizada, sino el de una Justicia asistida, ha destacado la compañía. A este respecto, el manager del sector legal en Minsait, Fernando Echávarri, ha señalado que «la IA no busca sustituir al jurista, sino redefinir su rol y amplificar su impacto».

De esta evolución emerge el llamado «abogado técnico», un perfil híbrido que combina conocimiento jurídico con competencias en gobernanza del dato, ética algorítmica y compliance tecnológico.

En este escenario, la inteligencia artificial actúa como un copiloto, ya que procesa grandes volúmenes de información, organiza evidencias, detecta riesgos contractuales o identifica posibles incumplimientos, pero la interpretación contextual, la ponderación de derechos y la decisión final siguen siendo humanas.

UNA NUEVA CULTURA JURÍDICA EN MARCHA

Esta transformación en curso no es solo tecnológica, sino que es, sobre todo, cultural, por lo que incorporar la IA en la Justicia «exige formación especializada, diálogo entre disciplinas y una comprensión clara de los límites éticos de la innovación», ha señalado la empresa, que ha apuntado que «solo así la tecnología puede reforzar y no debilitar las garantías procesales y la confianza ciudadana».

En este contexto, existen iniciativas como la Cátedra LegalTech & IA Minsait-UV, impulsada por la Universitat de València y Minsait, centradas en formar perfiles capaces de integrar conocimiento jurídico y competencias digitales, combinando práctica y reflexión académica.

La responsable de la iniciativa, Grisel Giunta, ha definido esta aproximación como una «doble mirada»: la que conecta la práctica institucional con la reflexión académica. Este enfoque, ha explicado, permite anticiparse a los retos del sector y comprender cómo las nuevas generaciones están redefiniendo el diálogo entre Derecho y tecnología.