El Gobierno de Ecuador ha anunciado la puesta en marcha de un control «masivo» para detectar y sancionar la evasión fiscal en la compraventa de acciones, un plan con el que estima recaudar hasta 50 millones de dólares (43 millones de euros).

La medida se ejecutará a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) con el fin de controlar el pago del Impuesto a la Renta Única (IRU) sobre la utilidad en la transferencia de acciones, según explicó la portavoz del Ejecutivo ecuatoriano, Carolina Jaramillo, en una rueda de prensa.

El IRU grava con el 10% el margen de ganancia que un accionista obtiene al vender sus acciones.

Hasta el momento, unos 300 contribuyentes han declarado voluntariamente con una aportación aproximada de 30 millones de dólares (25 millones de euros). Sin embargo, el Gobierno ha detectado «un universo potencial de 6.000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación», señaló Jaramillo.

Según ha señalado la portavoz, esta decisión no tiene precedentes en la historia y se dirige a «atacar conductas recaudatorias de quienes ocultan el valor real de sus actuaciones».