La presentación del ambicioso plan comunitario “ReArmar Europa / Preparación 2030” ha reactivado el debate en el seno de los fondos de inversión ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno) sobre la legitimidad de incluir empresas de defensa y armamento en sus carteras sostenibles.

Este programa, impulsado por la Comisión Europea con el respaldo del BCE, prevé movilizar hasta 800.000 millones de euros para reforzar la capacidad industrial y militar del continente. El objetivo: garantizar una autonomía estratégica ante el aumento de tensiones geopolíticas, en particular la prolongación del conflicto en Ucrania y el deterioro de las relaciones con Rusia y China.

La iniciativa contempla incentivos a la inversión privada en fabricantes de equipos militares, como Rheinmetall, Leonardo o Saab. Fondos tradicionales ESG, especialmente en Alemania, Francia y Países Bajos, se están viendo presionados a reconsiderar sus filtros negativos hacia el sector armamentístico, bajo el argumento de que la defensa es ahora un componente esencial de la “sostenibilidad social” y la protección de los valores democráticos europeos.

“No podemos hablar de un futuro sostenible si Europa no puede defender sus infraestructuras, sus datos y sus fronteras. La paz también es un pilar ESG”, declaró esta semana Ursula von der Leyen durante un foro financiero en Estrasburgo.

Algunos fondos ya han comenzado a flexibilizar sus mandatos. Amundi, por ejemplo, ha abierto una línea de inversión temática en “seguridad y resiliencia estratégica”, mientras Robeco y Nordea aún mantienen exclusiones estrictas.

La discusión está lejos de ser meramente técnica. Organizaciones como ShareAction han advertido del riesgo de “greenwashing armado” y exigen criterios muy claros sobre qué tipo de defensa puede considerarse compatible con las finanzas sostenibles.