Desde el 28 de junio, ha entrado en vigor en España la Ley 11/2023, que transpone la Directiva Europea 2019/882. Esta normativa establece requisitos de accesibilidad para productos y servicios digitales, obligando a empresas y administraciones a garantizar la accesibilidad en dispositivos como smartphones o cajeros, así como en servicios digitales como webs, apps, comercio electrónico, banca y transporte para personas con discapacidad.

Los nuevos productos deben cumplir de inmediato, mientras que los existentes tienen hasta 2030, salvo exenciones justificadas. La ley incluye obligaciones de documentación, declaraciones de conformidad y medidas técnicas según las pautas WCAG 2.1. También se prevén mecanismos de denuncia, sanciones económicas que pueden alcanzar los 90.000 euros, y la posible exclusión de ayudas públicas. El comercio electrónico está especialmente afectado, debiendo asegurar que todo el proceso de compra sea accesible.

A pesar de los retos, se enfatiza que la accesibilidad es un derecho y una responsabilidad ética y social. Desde CERMI se destaca que la falta de accesibilidad es discriminación y las organizaciones advierten de posibles repercusiones reputacionales para quienes incumplan. Las autoridades y una unidad técnica estatal coordinarán la vigilancia y aplicación de esta legislación.